La definición de Abusos de Recursos Estatales (ASR) indica que se refiere a la utilización inapropiada de bienes o servicios del Estado, de personal público o de instituciones (incluidas leyes) para brindar beneficios al partido en el poder y perjudicar a otros.
En los últimos años, el Gobierno de Nicaragua ha confiscado bienes muebles e inmuebles a Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), universidades y personas de oposición política que han sido condenadas por “traición a la patria” y/o de sus familiares, algunos de los cuales fueron posteriormente “desnacionalizados”. En este artículo se reflexiona si estos hechos pudiesen clasificarse como ASR. Para esto, se toma en consideración que:
Estas confiscaciones han sido posibles mediante el uso arbitrario de la justicia en el país. En este sentido, el Gobierno ha argumentado que las confiscaciones de bienes se han realizado por comisión de delitos, entre estos, delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía y la paz. Las personas afectadas con estas medidas han sido personas percibidas como opositores al Gobierno o familiares de personas percibidas como opositoras. Algunas de estas personas fueron precandidatos a la presidencia en las elecciones generales de 2021 y permanecieron en prisión hasta su expulsión del país en febrero 2023. Lo anterior permite visualizar la realización de ASR de tipo regulatorio, ya que las leyes son utilizadas para beneficio gubernamental.
Las confiscaciones se han hecho con la complicidad de instituciones públicas. El Gobierno ha utilizado a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar las confiscaciones; ambas instituciones se encuentran subordinadas al Poder Ejecutivo. Esto permite entrever la realización de ASR de tipo institucional y de implementación de la ley, es decir, el uso de personal del Estado y de las fuerzas de seguridad para beneficiar al partido en el poder.
Sobre esto último, es importante destacar que, aunque los bienes confiscados (sobre todo edificios) se han utilizado para inaugurar y abrir centros donde se brindan servicios sociales a la población, también se presentan como una devolución de bienes al pueblo de Nicaragua. Con lo que el Gobierno busca reafirmar su retórica de que estas confiscaciones han sido “a beneficio de la población nicaragüense”. Además, estos centros son utilizados para la realización permanente de proselitismo político a favor de los representantes del Poder Ejecutivo.
Con la reflexión anterior es posible concluir que las confiscaciones de bienes son ASR, porque para llevarlas a cabo se utilizan distintos servicios y capacidades estatales, y los bienes confiscados son utilizados para realizar proselitismo político a favor del FSLN. ¿Conoces de algún caso donde se utilicen las leyes o instituciones del Estado para beneficio del partido en el poder? Recuerda que puedes compartirlo de manera anónima en: