En los últimos años, han sido confiscadas las instalaciones de medios de comunicación no afines al partido de gobierno en Nicaragua, entre ellos Confidencial, 100% Noticias y La Prensa, el último diario impreso que circulaba en Nicaragua. Todos trasladaron sus operaciones al ámbito digital en su totalidad para continuar operando. Más de 100 periodistas han salido del país para salvaguardar su integridad física, después de ser víctimas de acoso, vigilancia y amenazas por ejercer su labor. Algunos periodistas han sido arrestados por disentir con el Gobierno y al menos uno se encuentra cumpliendo una condena por ser encontrado culpable por la justicia del delito de “propagación de noticias falsas”. La represión ha escalado tanto, que varios periodistas fueron despojados de su nacionalidad y con ello de todos sus derechos civiles y políticos.
La crítica situación de la prensa ha generado que en al menos 07 departamentos del país no exista practica periodística no vinculada con el partido de gobierno de acuerdo con organizaciones que vigilan la situación de la prensa en el país.
Lo anterior genera una reducción en la cantidad de información disponible sobre la situación de estos departamentos. Esto dificulta la fiscalización ciudadana de la función pública al haber menos seguimiento a la atención de la problemática local y al uso del gasto público.
En este contexto, es clave que la ciudadanía disponga de espacios donde puede exponer casos de abuso de recursos públicos o de una gestión pública deficiente de forma segura.
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