Nicaragua ha presentado un retroceso democrático en los últimos años, que se agudizó con los procesos electorales sin garantías de noviembre de 2021 (elecciones generales) y de noviembre de 2022 (elecciones municipales). Este retroceso democrático ha provocado que se cierren cada vez más los espacios para la participación ciudadana y la democracia, por ello, desde OFC NIC hemos realizado una serie de estudios que muestran la realidad que se vive en los diferentes municipios de Nicaragua.
Las investigaciones realizadas en los municipios de León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Masaya, Jinotepe, Ocotal, Bluefields y Puerto Cabezas muestran que las elecciones municipales de 2022 se realizaron sin garantías democráticas, adjudicando todas las municipalidades de país al actual partido de Gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Para estas elecciones municipales, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no atendió las demandas ni de la población ni de organismos internacionales, quienes solicitaban cambios de fondo que devolvieran la legitimidad y confianza al proceso electoral.
Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación es que se logró documentar que el CSE eliminó al menos 1 millón 300 mil personas del padrón electoral sin ninguna justificación. El CSE, además, disminuyó casi en un 50% la cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV), pasando de 13,459 JRV, en las elecciones presidenciales de 2021 a 7,931 JRV en las elecciones municipales de 2022.
“En las elecciones municipales de 2022 solo los partidos políticos tenían acceso al padrón electoral. Las personas que no aparecían en el padrón fueron agredidas y expulsadas de los Centros de Votación al ser señaladas de ‘golpistas’”, afirma la organización de la Sociedad Civil, Urnas Abiertas.
En estas investigaciones, se logró evidenciar que solo las personas de oposición no aparecían en el padrón electoral y que, al reclamar su derecho al voto, eran amenazadas y agredidas por miembros del partido de Gobierno.
Urnas Abiertas señala que, durante las elecciones municipales de 2022, las actas de escrutinio fueron manipuladas y se “inflaron” datos; inclusive que, el CSE colocó, en promedio, hasta un 30 por ciento de votos adicionales a favor del FSLN.
Otro de los hallazgos de esta investigación es que se evidencia que el CSE posee poca capacidad para organizar un proceso electoral de alta calidad, debido al control que el FSLN tiene sobre él. Este control es realizado desde los distintos niveles jerárquicos del órgano electoral por su composición partidaria. Actualmente cinco de los siete magistrados de este poder del Estado pertenece al FSLN.
En 2021, el CSE, además, canceló la personería jurídica de las dos principales fuerzas políticas de oposición: El Partido Renovación Democrática (PRD) y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Esto ha limitado aún más la competencia política en el país.
El CSE, además, no permitió la observación electoral internacional ni 2021 ni en 2022. En su lugar, en 2021, acreditó a “acompañantes electorales”, mismos que fueron señalados de ser afines políticamente al Gobierno, mientras que, en 2022, el CSE acreditó como “acompañantes electorales” al Consejo Nacional de Universidades (CNU), a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Estas instituciones han sido señaladas de estar coaptadas por el FSLN.