En el marco de las investigaciones y análisis realizados en el contexto de las elecciones municipales de Nicaragua de noviembre de 2022, este observatorio evidenció una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad, falta de garantías en el proceso y abusos a libertad de prensa.
En lo que respecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, se evidenció el uso de la violencia por parte de la Policía Nacional en contra de personas de comunidades indígenas. Antes, durante y después de las elecciones municipales de 2022 se registraron amenazas de muerte, asedio y actos de violencia en contra de fiscales y líderes de partidos participantes en la contienda electoral, en especial a simpatizantes de YATAMA.
Además, se logró observar, que los centros de votación, que funcionan en colegios públicos no cuentan con infraestructura accesible para personas con discapacidad y tampoco existen alternativas que permitan a estar personas, votar de forma remota.
De acuerdo con Ace Project, para realizar procesos electorales democráticos, que se desarrollen correctamente, los votantes deben de conocer y comprender sus derechos y responsabilidades y contar con toda la información necesaria para emitir votos legalmente válidos. Sin embargo, la información suministrada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) es limitada a la esfera digital, negando este derecho a casi el 60% de la población del país que no tiene acceso a internet, según el último reporte de la agencia We Are Social, la cual colecta información sobre la evolución del mundo digital a nivel global.
Además, las organizaciones de la sociedad civil que anteriormente se dedicaban a promover educación cívica en temas electorales se han visto obligadas a no tomar acciones debido a que tienen temor de ser sancionadas y cerradas. Desde 2019 hasta la fecha el Gobierno de Nicaragua ha cerrado más de 3,000 organizaciones no gubernamentales.
Durante las elecciones municipales de 2022 se registraron 5,821 anomalías, irregularidad o violencia política, entre las que destacen: uso de vehículos del Estado, coacción del voto, indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en los Centros de Votación (CV), propaganda electoral al interior del CV, padrón electoral no visible y hechos de violencia política.
Otra de las anomalías registradas es que el CSE excluyó del padrón electoral a más de 755 mil ciudadanos que fueron parte de los 4.4 millones de personas habilitadas para votar en las elecciones presidenciales de 2021. Esto generó que diversas personas no se encontraran en el padrón electoral y en algunos de esos casos, al reclamar en los CV, fueron señaladas de “golpistas”, agredidos y expulsados de los espacios de votación.
A lo anterior se suma que, se registraron más de mil candidatos falsos a los puestos en las municipalidades. Aproximadamente 1,158 personas brindaron testimonios sobre cómo partidos políticos usurparon sus identidades para completar listas políticas. De acuerdo con una encuesta de CID Gallup, el 61% de la población nicaragüense no simpatiza con ningún partido político.
Los medios de comunicación independientes en Nicaragua desde 2007, cuando el presidente Daniel Ortega llegó al poder, han sido víctimas de un discurso violento y de censura. Al menos 51 medios de comunicación y 16 espacios informativos han sido cerrados, siendo actualmente el único país de Centroamérica que no tiene un periódico impreso.
En la contienda electoral de noviembre de 2021 y 2022, los medios de comunicación independientes no fueron acreditados por el CSE para dar cobertura a las elecciones, pese a que hicieron el proceso de inscripción para obtener la acreditación. Los medios no tuvieron la capacidad de vigilar la legitimidad del proceso y cuatro periodistas fueron víctimas de violaciones a la Libertad de Prensa, con agresiones y ataque.
Estas acciones sugieren que las elecciones municipales se realizaron en medio de un proceso carente de legitimidad democrática.