Nicaragua es uno de los tres países más corruptos de Latinoamérica, según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) del año 2022 elaborado por Transparencia Internacional (TI).
En este índice, el país se ubica en la posición 169 de los 180 evaluados, con una puntuación de 19 de 100 (donde la calificación más cercana a 0 indica mayor percepción de corrupción). La baja puntuación que recibe el país en este índice solo es superada por Venezuela y Haití, que ocupan los dos primeros lugares como los países más corruptos de la región.
El índice de Transparencia Internacional no es el único que refleja una baja calificación para Nicaragua en lo que respecta a temas de corrupción. El Instituto de Basilea, en el resumen del informe de país del Índice de Basilea (IB) del año 2022, indica que: “En el caso de Nicaragua, hay preocupaciones sobre los altos niveles continuos de corrupción y soborno”.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha mostrado preocupación por el alto índice de corrupción e impunidad que existe actualmente en el país.
La corrupción en Nicaragua se da a través de diferentes manifestaciones, entre ellas, los abusos de recursos públicos (ASR, por sus siglas en inglés).
El ASR es el uso inadecuado de los recursos estatales por parte de los funcionarios públicos con el fin de obtener ventajas sobre otros participantes en el proceso electoral. Estas prácticas exacerban las desigualdades en el poder y pueden comprometer la integridad de los procesos electorales. Aunque también pueden extenderse más allá de los procesos electorales.
Los ASR pueden darse sobre recursos estatales financieros y no financieros. Un recurso financiero son los fondos provenientes del Presupuesto General de la República (PGR) y de los presupuestos municipales; en cambio, un recurso no financiero estatal son los recursos materiales como vehículos, edificios, propiedades, medios de comunicación, entre otros que componen el patrimonio del Estado. También los servidores públicos y su tiempo laboral son considerados un recurso del Estado.
Los ASR ocurren en contextos electorales y no electorales, aunque suelen ser más visibles y recurrentes en el primer escenario.
Según la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), los ASR pueden dar ventajas significativas e injustas a los partidos políticos y candidatos en el poder, erosionar la calidad de la democracia y socavar la asignación justa de los recursos públicos.
Los ASR pueden generarse a nivel de Gobierno central y de gobiernos locales como lo son las municipalidades.
En OFC NIC hemos realizado una serie de investigaciones que evidencian los ASR en 10 municipios de Nicaragua en el contexto previo, durante y después de las elecciones municipales de noviembre de 2022.