La financiación equitativa de la política desempeña un papel crucial en una democracia saludable. Sin embargo, cuando no se regula adecuadamente, puede dar lugar a efectos negativos, como la corrupción. Ante una posible transición hacia la democracia en Nicaragua, presentamos esta propuesta de Política Pública (PP) que plantea una serie de regulaciones sobre el financiamiento de actividades políticas y campañas electorales. La propuesta, que está drigida al electorado, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación, aborda varias problemáticas fundamentales.
Uno de los problemas clave que aborda esta propuesta es la falta de una regulación efectiva del financiamiento político en Nicaragua. Esto permite a los partidos políticos aprovecharse de los recursos disponibles para el financiamiento político. Además, las instituciones estatales relacionadas con el uso de fondos públicos, como el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Asamblea Nacional (AN), a menudo carecen de la autonomía e independencia necesarias para ejercer sus roles de manera efectiva.
Otro problema grave es la falta de ética política en muchos partidos y sus miembros, que ven la política y la afiliación a un partido como una oportunidad para enriquecerse, especialmente durante los procesos electorales. Esta falta de ética política socava la confianza en el sistema político y sus actores.