Nicaragua, como cualquier país democrático, enfrenta desafíos en su marco legal electoral que impactan la transparencia y la equidad en sus procesos. La Ley No.331, de carácter constitucional, regula los procesos electorales, plebiscitos, derechos ciudadanos y el funcionamiento del Poder Electoral. Sin embargo, las reformas realizadas en 2021 y 2022 han generado controversias, siendo señaladas por instituciones como la Organización de Estados americanos (OEA) y Transparencia Internacional, de no contribuir a aumentar la confianza en el sistema electoral.
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La composición del Consejo Supremo Electoral (CSE) ha generado críticas sobre su imparcialidad, ya que seis de los siete magistrados fueron propuestos por el partido en el poder. Esto genera preocupaciones sobre la influencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las decisiones electorales.
A pesar de que la legislación nacional garantiza la participación y financiamiento de partidos políticos, la realidad muestra restricciones. La ley prohíbe donaciones privadas de ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero, limitando potenciales fuentes de financiamiento a la oposición. Además, el uso de la asignación presupuestaria para campañas no está abierto a la fiscalización, ya que los informes no son accesibles a la ciudadanía.
La malversación de fondos públicos: Un golpe a la sociedad
La Ley Electoral establece disposiciones sobre la verificación ciudadana en el padrón electoral, pero su implementación en 2022 ha sido criticada por ser excluyente. En las elecciones municipales, la verificación ciudadana fue virtual, por lo cual excluyó a aquellos sin acceso a internet. Además, el padrón electoral, que fue reducido en 2022 dejó de estar visibles en los centros de votación, lo cual imposibilita su revisión por parte de la ciudadanía. El día de las votaciones se informa de agresiones en centros de votación a personas excluidas del padrón, identificadas como “oposición política” aumentando la desconfianza en el proceso.
Además, el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) también ha generado polémicas. La reducción de JRV para las elecciones de 2022 suscitó críticas sobre si efectivamente el trasfondo era reducir costos o dificultar el acceso a las personas, al aumentar las distancias que debían trasladarse para ejercer su derecho al voto. Durante las elecciones, se reportaron actos de proselitismo político dentro de las JRV por parte de simpatizantes del partido en el poder, sin que se conozcan sanciones.
El proceso de recuento y tabulación de resultados también ha sido cuestionado por falta de transparencia. Informes indican manipulación de actas de escrutinio y asignación de votos adicionales al FSLN. Estas prácticas han llevado al control total del FSLN en todas las alcaldías del país, según Urnas Abiertas.
En resumen, el marco legal electoral de Nicaragua enfrenta desafíos significativos que afectan la transparencia y la equidad en los procesos electorales. Las críticas se centran en la falta de imparcialidad en la composición del CSE, restricciones a la financiación de la oposición, exclusión de votantes y prácticas cuestionables durante las operaciones electorales. Estos problemas plantean la necesidad de reformas que fortalezcan la democracia y garanticen la participación equitativa de todos los ciudadanos.
En 2024 se realizarán las elecciones regionales en la Costa Caribe del país. Te invitamos a estar atento a observar hechos que no aporten a la transparencia y credibilidad del proceso electoral. Te invitamos a conocer y hacer uso de la sección de Reporte ciudadano disponible aquí.