El abuso de los recursos del estado puede contribuir a la desigualdad económica y social. Las comunidades marginadas y de bajos ingresos son las que más sufren cuando los recursos no se distribuyen de manera equitativa y se destinan a beneficios personales o de grupos selectos.
Cuando los recursos del estado son malversados o desviados ilegalmente, los fondos que deberían destinarse a servicios esenciales como educación, salud, infraestructura y seguridad pueden verse comprometidos.
